¿Cómo califica la estrategia judicial de Mauricio Macri por la causa en la que está procesado?
No hay estrategia alguna. Lo que hay es un cúmulo de argumentaciones contradictorias y erráticas. Primero dijo que el juez Norberto Oyarbide era malo, después dijo que los tres jueces de la Cámara Federal eran malos. Tras cuestionar a los distintos magistrados que fallaron en su contra, Macri afirmó que apelará ante la Cámara de Casación Penal, cuando se sabe que ese tribunal sólo actúa sobre sentencias firmes. Claramente éste no es el escenario. Por lo tanto, todo forma parte de un proceso dilatorio y, al mismo tiempo, contradictorio con la otra decisión del macrismo, que es impulsar con rapidez el juicio oral, como si esto dependiera de su voluntad. La elevación de una causa a juicio oral lo determina el fiscal o el juez. En esta causa hay otros procesados, y la investigación en busca de más pistas continúa. A esto se le suma su intento desesperado por querer impulsar su propio juicio político, con la expectativa de que sus fieles acólitos reviertan el proceso en la Legislatura. Más que una estrategia del macrismo, lo que sobresale es un cúmulo de contradicciones que apunta a confundir a la opinión pública.
¿Es legal que el juicio político sea solicitado por la misma persona que debe ser investigada?
Macri no tiene la atribución de pedir su juicio político, lo que hace es decirle a sus legisladores que comiencen el proceso legal para avanzar en ese sentido. Es la Legislatura la que decidirá sobre esto. Las diferentes maniobras judiciales del jefe de gobierno fracasaron, por eso ahora juega su propia carta, en un contexto donde supuestamente los números están a su favor, pero no será tan fácil. Una vez que los legisladores tengan en sus manos los expedientes de la causa penal, no se podrá eludir la responsabilidad de Macri en el caso de las escuchas ilegales.
El juicio político, ¿no invalida la causa judicial?
Lo que haga la Legislatura es independiente del juicio oral. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no presenta como requisito para el juicio político que el funcionario en cuestión sea condenado por la justicia. La Legislatura ya debería estar investigando este tema, más allá del encubrimiento que están proponiendo los legisladores oficialistas. Si bien la Legislatura podría concluir que Macri no tiene ninguna responsabilidad, es la Justicia la que tiene la última palabra en este tema. La jugada de Macri es fuerte pero está condenada al fracaso.
¿Cómo compara esta situación con el proceso que recayó sobre el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra?
Creo que Ibarra estuvo muy alejado de cumplir sus responsabilidades de funcionario público por el Caso Cromañón, sin embargo fue sobreseído del delito por incumplimiento de sus deberes. Situación totalmente inversa a la de Macri, cuyo procesamiento sigue firme y es encubierto por sus legisladores. Por otro lado, no hay que descartar las nuevas pruebas que puedan presentarse, ya que Oyarbide tiene que seguir investigando la cadena de responsabilidades. Las escuchas hacia Sergio Burstein tenían el denominador común del Fino Palacios, por su rol en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Pero no hay por qué suponer que el ex policía tenía interés en investigar al cuñado de Macri. Es decir, el único interesado en investigar a su propia familia era el jefe de gobierno. De profundizar esa línea de investigación podría concluirse que Macri no sólo era miembro de esa estructura ilegal sino que era su jefe.
¿Cuáles serían los pasos lógicos para llegar al juicio oral?
El fallo de la Cámara Federal le pide a la instancia de Instrucción, es decir a Oyarbide, que siga profundizando la investigación, que se investiguen todas las escuchas ilegales y no sólo las que se cometieron contra el cuñado de Macri (ndr:Néstor Leonardo). Después de que la causa sea elevada a juicio oral, debe sortearse el Tribunal oral, otorgarse un plazo para presentar las pruebas y recién ahí se fija la audiencia. Pedir que el juicio oral sea dentro de quince días es una falta de respeto hacia el trabajo de la Justicia, y una incongruencia con el pretendido reclamo de Macri para profundizar la investigación por supuesta falta de pruebas.
En este sentido, tanto el jefe de gobierno, como sus principales funcionarios, insisten en la inexistencia de pruebas, que todo lo que figura en la investigación  son suposiciones. ¿Usted qué opina?
Tanto el fallo de Oyarbide como el de la Cámara resultaron contundentes. Se determinó que las escuchas ilegales existieron, se determinó cómo fue la operación junto con la intervención de los jueces de Misiones. La objetividad de esos datos resulta incontrastable. De hecho, el fallo de los camaristas sostiene que la Policía Metropolitana “preveía, a través de Ciro James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea y clandestina”. Además, la circunstancia de haber nombrado al Fino Palacios y a Ciro James para las funciones que cumplían determina la pertenencia de Macri dentro de la asociación ilícita. Por otro lado, los hechos que ocurrieron, las escuchas ilegales son, desde uvn punto de vista institucional, algo inmundo. Por un lado, nombrar a un policía que está investigado por ser uno de los principales obstructores de la causa por la voladura de la AMIA y, luego, espiar a una víctima de ese atentado es cuestionable desde cualquier punto de vista, judicial y político. Todo esto, de por sí, configura la hipótesis de la violación de los deberes de funcionario público. La contratación de Palacios no puede ser un hecho de inocencia política.
Uno de los caballitos de batalla del macrismo es decir que toda la causa está direccionada por el kirchnerismo. Por ejemplo, su principal argumento es una declaración del ex senador Héctor Amaya, quien dijo que Oyarbide pensaba “llevarse puesto” al jefe de Gobierno, en una supuesta conversación privada. ¿Es una prueba válida?
Eso es parte de la defensa retórica del jefe de gobierno para no dar explicaciones sobre su accionar. No veo ningún elemento que permita imputarle al kirchnerismo, ni a ninguna otra fuerza política, el derrotero de esta causa. En el derecho existe un axioma que indica que “testimonio de uno, no existe”. Si una declaración no ocurrió con la presencia de más testigos, o no quedó registrado de alguna manera, carece de toda legitimidad. Este tipo de acusaciones forma parte de una conducta de desprecio por la Justicia. Esta actitud de manifestar que todo el proceso judicial está armado en su contra demuestra que el jefe de gobierno se desempeña como un patrón de estancia: cree que puede hacer lo que quiera. Es la misma postura que está adoptando al querer impulsar su propio juicio político.
El cuestionamiento hacia los jueces es una constante de la dirigencia política cuando se ve comprometida.
Si se denuncia públicamente a un juez es porque primero se ha hecho lo que corresponde en el Consejo de la Magistratura, que es el ámbito correcto para este tipo de imputaciones. Por ejemplo, Federico Pinedo, jefe de la bancada del PRO realizó, en el Congreso Nacional, una denuncia en el Consejo contra Oyarbide (que ahora fue ampliada), pero en ningún momento hicieron una denuncia hacia la integridad de la Sala uno. Ellos esperaban el fallo de la Cámara como un oasis, pero como fue adverso a sus pretensiones, ahora salen a criticarlos. No hay que cacarear sin antes poner los huevos. Salir públicamente a decir que el fallo de los jueces es “un mamarracho” es una actitud totalmente descalificable.