Macri intenta hacer pasar una jugada al borde del abismo como una señal de valentía y de iniciativa política. Ante el sombrío horizonte de un juicio oral cuyos tiempos de tramitación se proyectarían con toda probabilidad más allá de la campaña electoral presidencial, decidió construir una escena paralela con el insólito pedido a la Legislatura para que proceda a su propio juicio político.
La iniciativa tiene el sello del marketing político. El macrismo pasa la pelota del lado de la oposición, que ahora debe pronunciarse sobre un escenario de máxima, cuando estaba pugnando por la propuesta de formar una comisión investigadora. Tanto esa idea como la del pedido de licencia por parte de Macri son más prudentes y razonables que el salto al vacío de un juicio político. Nadie puede negar la aptitud de los asesores publicitarios del PRO en el terreno de las picardías mediáticas, lo que ciertamente está lejos de asegurar el éxito de la movida.
El núcleo central que sustenta la propuesta es el de llevar hasta las últimas consecuencias el patrón interpretativo que el macrismo pretende imponer en la opinión pública: para decirlo con palabras de Beatriz Sarlo, que el procesamiento del jefe de gobierno es un “logro” de Néstor Kirchner. No hay otro modo de entender la táctica macrista. ¿Cómo, si no, explicar que Macri prefiera atravesar dos juicios y no solamente uno? Resulta raro a primera vista: dos largas etapas de acusaciones, defensas, pruebas y contrapruebas; dos riesgos de derrota definitiva porque en principio alcanza solamente un mal resultado en alguno de los dos episodios para dar por terminada su carrera política.
La narrativa PRO será diferente. Pretenden que el juicio de la Justicia es y sea un artificio del kirchnerismo. Un eventual veredicto adverso en esa sede será -como fue el procesamiento de Oyarbide y la confirmación de la Cámara Federal y como hubiera sido una nueva y segura ratificación de la cámara de Casación- el decorado de una obra con un final ya elaborado en la residencia de Olivos. De modo que la trama debe ser desenredada con anterioridad, a través de una “absolución” por parte de la Legislatura porteña. Por otro lado, y ya no en clave de opinión pública, sino de las consecuencias jurídicas de la supuesta participación de Macri en una asociación ilícita de espionaje, la jugada entraña una apuesta principal: la de llegar al juicio oral y público en una situación política más favorable, en el supuesto, muy difícil pero en principio no imposible, de que la operación autovictimizadora consiga su objetivo y coloque al gobierno nacional en el lugar del acusado político.
A esta altura es interesante mirar por dentro la institución del juicio político en la ciudad de Buenos Aires. El artículo 92 de la Constitución porteña dice que la Legislatura puede destituir por juicio político al jefe de gobierno “fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”.
Hay una cuestión de interpretación que sería interesante someter a una discusión político-jurídica: ¿puede la Legislatura dirimir la “comisión de delito” por parte del jefe de Gobierno? ¿O el artículo debe interpretarse como la atribución de la Cámara de destituir al mandatario en caso de que la justicia pruebe tal delito? Parece claro que solamente la segunda interpretación es compatible con el funcionamiento de la división republicana de poderes.
Si esto es así, las pruebas a favor y en contra de Macri efectivamente pertinentes en el juicio político serán de naturaleza diferentes a las del juicio en los tribunales. No será necesario probar la comisión de un delito penal sino que alcanzará con demostrar, por ejemplo, que las designaciones de una persona procesada por el atentado a la AMIA en la jefatura de la Policía Metropolitana y el nombramiento de un espía -vinculado además con dicho jefe policial- para asesorar al ministro de Educación constituyen un caso de “mal desempeño de sus funciones” por parte de Macri.
Así, visto desde la lógica exclusivamente jurídica, el impulso del “autojuicio político” luce algo temerario. Pero, claro está, la lógica jurídica no existe en estado puro en el caso de un jefe de gobierno. La política aconseja otro tipo de cálculos. Concretamente hay que calcular cuáles son las fortalezas que dispone y las debilidades que sufre el implicado.
En este caso, del lado de las fortalezas hay que contar, ante todo, que dispone de la primera minoría de la Legislatura y que solamente con conservar el apoyo de la fuerza propia tiene asegurado un curso favorable del juicio político, puesto que tanto la acusación como la destitución exigen las dos terceras partes del cuerpo. Sin esa condición, el golpe de efecto publicitario nunca hubiera sido siquiera pensado.
Un poco más relativos y menos consistentes, hay también otros puntos a favor. En una batalla que se librará esencialmente en la arena de la opinión pública, Macri cuenta con un grado importante de condescendencia de los grandes medios de comunicación. En estos días ese frente se ha debilitado pero, teniendo en cuenta que la batalla está planteada contra los Kirchner, por lo menos el jefe de gobierno no los tendrá en su contra. En un terreno menos sólido aún hay que reconocer que el largo calvario judicial no parece expresarse todavía en un cambio cualitativo adverso a Macri en la opinión pública.
Lo que ocupa un amplio primer lugar entre las debilidades son los hechos reales, es la verdad. Tan pronto como se pueda lograr que el centro de la atención no sea si la denuncia de las escuchas vino de la Side, ni la existencia de otras escuchas y otras espías, ni la mala voluntad de los familiares de las víctimas de la AMIA o del propio padre de Mauricio, ni la intención de Kirchner de sacarse de encima un potencial adversario para 2011, y ese lugar lo ocupe la causa concreta del procesamiento, las cosas empezarán a tener un color más oscuro para el jefe de gobierno. Después de su audaz movida, deberá demostrar que algunas de sus conductas públicas y evidentes -no solamente las que puedan ser evaluadas en sede judicial- no constituyen un mal desempeño de sus funciones.
En el capítulo que se abre hay una incógnita principal que radica en la conducta que tendrán las fuerzas políticas que son oposición en la Legislatura y, al mismo tiempo, están tácticamente aliadas al macrismo en el plano nacional, por lo menos en el amplio y generoso espacio del llamado “grupo A” en el Congreso Nacional. Para que la movida político-publicitaria del PRO tenga un mínimo rendimiento es necesario que, por lo menos, una parte de los legisladores que se pronunciaron el martes último contra la postura del oficialismo porteño modifique su posición y converja con éste en el sostén del gobierno porteño. Además, claro está, sería necesario que el oficialismo de la Ciudad mantenga el apoyo de propios y aliados, lo que en estos tiempos políticos no puede darse por descontado. Dicho de otro modo, “zafar” de la destitución con el voto exclusivo de su bancada y sus aliados más próximos sería lo que se dice un triunfo parecido a la derrota para Macri. Si, en cambio, la acusación pierde -por ejemplo- contra una mayoría de votos, la esperanza macrista seguiría viva.
Hay, entonces, un dilema para los bloques no macristas ni kirchneristas de la Legislatura. El macrismo intentará poner la prioridad colectiva en la obtención de un resultado factible de ser interpretado como una derrota kirchnerista. ¿Cuál sería en ese caso, sin embargo, el saldo del episodio? Claramente, sobre todo en el caso de una amplia mayoría de votos a favor, Macri emergería fortalecido, por lo menos provisoriamente, y se constituiría en protagonista central de la oposición para la elección presidencial. De modo que el cálculo político parece, en principio, desaconsejar la solidaridad opositora con el macrismo. Eso sin contar lo principal: es muy poco probable que un debate serio sobre los hechos reales concluya en que el jefe de gobierno no tiene responsabilidades en el ominoso episodio del espinonaje telefónico. Un apoyo a una causa tan turbia puede arrastrar consigo toda credibilidad de las fuerzas no macristas.
Acorralado por la situación, el macrismo ha abierto una escena de extrema tensión, en la que la política tendrá la última palabra.
