Aliada de la primera hora del kirchnerismo, hoy integra el bloque Encuentro Popular y Social con otros protagonistas de la diáspora, como Cecilia Merchán y Victoria Donda. Desde allí, se dispone a dar pelea en el debate por las facultades delegadas que se viene en el Congreso. Al contrario de lo que plantea el arco opositor, Vilma Ibarra considera que las retenciones sí deben ser atribución del Poder Ejecutivo. Además, analiza el futuro que se abre en el Parlamento. ¿Se viene un nuevo Congreso? ¿Cómo debe jugar la centroizquierda en este escenario? Dimes y diretes en la relación con el kirchnerismo. 

¿Cuál es su posición frente al debate sobre las facultades delegadas?
Cuando era senadora, presenté un proyecto para tratar el tema, pero en ese momento no era una materia de discusión con tanto peso en la agenda parlamentaria. Justamente, lo que había planteado era la necesidad de estudiar cuáles habían sido las normas aprobadas de esa manera. Eso no se hizo, y ahora tenemos que tomar una definición sobre el conjunto de las casi dos mil normas que fueron dictadas, entre 1853 y 1994, como facultades delegadas. Por eso, planteé que el Ejecutivo dijera cuáles son las que usa; es decir, que tratemos solamente aquellas que pueden llegar a generar trabas para la gestión de Gobierno.
Hoy parecería importar sólo una, que es la vinculada a los derechos de exportación.
Sí, la que se refiere a las retenciones y a los aranceles de importación.
Y, en su opinión, ¿debe ser facultad del Ejecutivo o del Congreso decidir sobre este tema?
Tiene que ser materia del Ejecutivo por varios motivos. Primero, porque son una herramienta de política económica. Lo que ocurre es que la ley que establece que es facultad legislativa fue dictada en 1853, pensada según la realidad de 1853, cuando era muy poco lo que se exportaba. Ahora, en un mundo global con millones de artículos, de los cuales algunos tienen nomenclatura del Mercosur, cuando los distintos niveles de industrialización también intervienen en la definición de estos aranceles, con mercados volátiles y un precio del dólar que varía, sería imposible que nos sentáramos en el Congreso para discutir y dictar una ley para cada una de esas alícuotas. Sencillamente, es imposible de implementar. Por otro lado, lo cierto es que, en 1981, se fijó que el Código Aduanero fuera facultad del Ejecutivo y a nadie le pareció mal. Esto empieza a cuestionarse durante el conflicto con el agro, no porque alguien se hubiera preocupado por debatir la función de estas herramientas institucionales.
Por cierto, el debate de fondo en torno de una reestructuración del régimen fiscal no es planteado por nadie.
Es que acá tiene que haber dos cuestiones en discusión: cómo se recauda y cómo se distribuye. Es más, lo que debe estar en primer lugar es el tema de la distribución. En este contexto, no me parece que la primera medida que tenga que tomar el Congreso sea hacer una transferencia de miles de millones de pesos al sector exportador de la soja. Los exportadores de soja son los grupos que concentran la riqueza y, en un país con los índices de pobreza que tenemos, que el Congreso plantee como prioridad el debate de una medida que afecta exclusivamente a este sector, no me parece pertinente.
El recorte de los superpoderes planteado por el Gobierno, ¿es un intento por poner en debate una posible reforma en la asignación de recursos?
Es que la reestructuración de partidas no fue el principal recurso de reasignación presupuestaria del Gobierno. La verdad es que se habló mucho de eso, pero no tienen efecto. Las grandes disposiciones fueron a través de los decretos de necesidad y urgencia.
¿Cuál es su postura actual frente a esta cuestión? ¿Deben derogarse?
Creo que el problema histórico es la regulación de su control. En 2006, Cristina estableció que el decreto de necesidad y urgencia sólo se cae cuando las dos Cámaras lo rechazan. Es decir, sigue en vigencia a pesar de que el Congreso no lo trate e, incluso, si una Cámara lo rechaza. Yo me opuse fuertemente, porque esto tiene numerosas implicancias. Por ejemplo, el Ejecutivo no tiene facultades para disponer del superávit fiscal, pero dispone a través de los decretos de necesidad y urgencia. Sin ir más lejos, Cristina dictó pocos decretos de necesidad y urgencia, pero, con uno solo, dispuso de unos 36 mil millones de pesos. Es decir que terminó, prácticamente, distribuyendo todo el superávit.
¿No deben existir más o deben seguir existiendo con más control del Congreso?
¿Sabe por dónde pasa el tema? Por la subdelegación. ¿Sabe cuántos decretos dictó el Ejecutivo en nombre de las facultades que nosotros le delegamos? Siete. ¿Cómo ocurre esto? Porque el Ejecutivo subdelega estas facultades. Entonces, la norma termina siendo una resolución dictada por un ministro y, como la Constitución dice que los controlados por el Congreso son los decretos, no los termina controlando nadie. Fue lo que pasó con la 125.
¿A qué se refiere?
La 125 fijaba un derecho de exportación, o sea, que era una medida que venía por facultad delegada, a pesar de que fue planteada como una resolución del ministro de Economía. Como facultad delegada, de acuerdo con lo que establece la Constitución, tendría que haber sido discutida en la Comisión Bicameral a los diez días. Pero no, recién la mandaron a los dos meses, cuando ya se planteó como proyecto de ley. Y lo peor es que, cuando Economía hizo el anuncio, estábamos todos pidiéndole al Gobierno que planteara el tema en el Congreso. En realidad, era una obligación constitucional. Por eso, acá hay un problema de manejo institucional, una necesidad de que el Congreso ejerza un control efectivo. 
Hay quienes afirman que el Congreso se está “reavivando”.
Es que el Congreso debe reavivarse y todos tenemos que contribuir para que eso ocurra.
Usted, hoy, ¿cómo se define, como ex aliada del kirchnerismo, como apoyo crítico…?
Soy una ex kirchnerista, porque formé parte de este proyecto y estaba de acuerdo con muchísimas de las cosas que había planteado. El problema aparece cuando uno se despierta y se ve en un espacio al que está sumándose Aldo Rico. Eso, a mí, me expulsa. Y lo peor es que el Gobierno se apoyó en esa estructura para estas elecciones, sin ninguna vocación por pluralizar el debate. Creo que a esta altura es evidente que las políticas de Guillermo Moreno han fracasado. La verdad es que no entiendo por qué se sigue apostando a este esquema.
Algunos románticos nostálgicos hablaron de un posible retorno al esquema de la transversalidad.
Lo primero que acá tienen que reconstruir es la agenda política. Con una convocatoria a una charla de microestadio, no reconstruimos nada. El problema es que el Gobierno no quiere discutir esa agenda, si no, fíjese en lo del gas. Salen con un tarifazo explicando que la reestructuración se hizo en función del ingreso, cuando, en el interior, tenemos muchos sectores humildes que están pagando cuatro veces lo que pagaban.
Y la oposición, ¿por qué no pudo consolidarse? Sin ir más lejos, en Diputados no logran consensuar una posición común para el debate sobre las facultades delegadas.
Es que las elecciones no dejaron un claro ganador, sino más bien un enojo de la ciudadanía con el Gobierno. Le pusieron un límite al oficialismo, se reclamó un cambio sobre el modo de atender la economía y las instituciones.
Los líderes opositores, ¿no supieron capitalizar ese reclamo?
No, el problema no pasa por capitalizar sino por tener un proyecto de país, tener una alternativa real a lo que se plantea. Si el planteo es que caigan todas las facultades delegadas… Una cosa es no estar de acuerdo con algunas cosas de este Gobierno, pero otra muy distinta es servir a los intereses de la Sociedad Rural.
En este escenario, ¿cómo aparece la centroizquierda?
Bueno, nosotros estamos dialogando con referentes importantes de ese espacio como Martín Sabbatella, que hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, y con Pino Solanas, en Capital Federal.
Pero, ¿hay chances de que se consolide? Porque si nos detenemos en lo que pasó en Capital Federal, es cierto que ganó Solanas, pero también es cierto que perdieron los otros referentes del espacio, como Heller e Ibarra.
Creo que lo que no funcionó ahí es que no se mostró una opción política. Pino dejó en claro que él representa otro camino a construir. Ni siquiera Gabriela Michetti pudo hacerlo. Insisto, hoy la sociedad quiere una opción de cambio y nuevas formas de consenso. Pero, ojo, eso es algo que no sólo debe atender el Gobierno. Cuando desde la Mesa de Enlace dicen que ganaron las elecciones y cuestionan la legitimidad de un gobierno elegido por mandato popular para gobernar cuatro años, tampoco parecen demostrar que les interese demasiado la demanda de un mayor diálogo.