El Gobierno está corriendo una carrera en la cual su principal oponente no es la oposición sino el tiempo.
¿Cuál es la estrategia del Gobierno si se cae el nuevo DNU?, preguntó Debate a encumbrados diputados del oficialismo.
La  respuesta fue siempre la misma: “No queremos evitar el conflicto; sí ganar tiempo para poder usar las reservas. Después se verá”, respondieron desde el Frente para la Victoria. Los acontecimientos de las últimas horas -distribución de las comisiones en el Senado a favor de la oposición, rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont como titular del Banco Central en la comisión de Acuerdos y una nueva medida cautelar dictada por la jueza Claudia Rodríguez Vidal- agotaron el tiempo ganado por el oficialismo desde el ardid presidencial de publicar y hacer cumplir un nuevo DNU cuando estaba hablando ante la Asamblea Legislativa. Debido a la vorágine de los acontecimientos, desde el oficialismo se preguntaban, el jueves último por la mañana, si el tiempo que queda alcanza para aplicar un plan C, antes de que el Congreso rechace el nuevo DNU.
La presidenta del Central señaló, el miércoles 3 por la noche, que la discusión por el DNU se quedaba en las formas pero que los legisladores estaban obviando el fondo de la cuestión. El tema central tiene que ver con la política de acumulación de reservas y con el destino de los dólares atesorados en el Central, la discusión sobre la independencia de la autoridad monetaria y el pago de los vencimientos de la deuda para este año.
Los fundamentos del DNU que creó el Fondo de Desendeudamiento indican que la “urgencia” se justificó en algunos acontecimientos internacionales, como el debilitamiento de la llamada zona del euro y, en particular, las “vicisitudes atravesadas por economías como las de Portugal, Italia, Grecia y España”. Cualquier sismo internacional modifica el panorama bursátil de los países en desarrollo e incide de lleno en la cotización de sus títulos públicos.
El Ejecutivo planificó un 2010 con una vuelta plena a los mercados voluntarios de crédito. Ése fue el primer (y casi único) plan del ministro de Economía, Amado Boudou. Para acceder al crédito internacional era (y es) necesario cerrar el canje de deuda, y, para que esto ocurra, los inversores -buitres y no buitres- tienen que poseer la certeza de que van a cobrar durante todo este año.
Por ese motivo, el primer Fondo del Bicentenario. El crédito internacional a tasas razonables también resulta imperioso para poder cumplir con los objetivos del Presupuesto 2010, que en su capítulo de obras públicas ideó un plan de inversiones sostenido exclusivamente en el financiamiento a través del endeudamiento. La propia Presidenta reconoció un bache de 55 mil millones de pesos.
Con el Fobic (Fondo del Bicentenario) y ahora el Fondea (Fondo de Desendeudamiento), lo que se pretende es liberar recursos del presupuesto para cubrir esos agujeros de financiamiento y, por supuesto, dar certezas a los mercados internacionales para que el escenario no se complique aún más. Es una jugada de pizarrón, como gusta decir el kirchnerismo, que nació complicada desde el inicio.
Ahora, ¿qué pasa si la estrategia oficial de utilizar las reservas fracasa? ¿Hay plan C? El miércoles 3, por la noche, se evaluaba realizar una licitación anticipada de los vencimientos de 2010. ¿Por qué esta jugada? El grueso de los vencimientos de capital de este año será en agosto, con 2.375 millones de dólares, y el total a pagar en el año será de 4.979 millones de dólares y 8.704 millones de pesos.
La lógica es la siguiente: utilizar la mayor cantidad de reservas del Fondea antes de su rechazo final. El gerente jurídico del Banco Central, Marcos Moiseeff, aseguró a Debate que es “imposible que se declare nulo el decreto, algo que obligaría a devolver todo el dinero girado y utilizado”. Sin embargo, si el Congreso rechazase el nuevo DNU, el dinero utilizado (esta semana se pagaron doce millones de dólares y este mes hay vencimientos por 2.300 millones de pesos y trescientos millones de dólares), “sería un derecho adquirido”.
Si se derogara el DNU 298, ¿qué pasará con la plata no utilizada? De ahí que la estrategia del Gobierno vuelve a sintetizarse en tiempo. Lograr que cualquier traba definitiva se extienda la mayor cantidad de horas posibles. Desde el oficialismo sostenían, el jueves al mediodía, que la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Lorenzetti, el presidente de ese cuerpo, ya habría dicho al Gobierno que se pronunciarán por la vía política. Todo caerá en el Congreso. Por eso, todavía el Ejecutivo no envió al Congreso el nuevo DNU. Tiene diez días hábiles para hacerlo. Si se vence el plazo, recién ahí la Comisión Bicameral podría tratarlo de oficio.
El Frente para la Victoria buscará obstruir la nueva conformación de esa Bicameral que antes del miércoles estaba conformada por ocho legisladores del oficialismo y ocho de la oposición y ahora quedó nueve a seis en favor de la oposición.
En el interregno de todas estas movidas políticas, se jugará el destino de las reservas de libre disponibilidad.