El concepto de gobernabilidad con su correlativo, la ingobernabilidad, ha recorrido un curioso itinerario. La relevancia de su uso teórico remite a la década del setenta, cuando las usinas conservadoras lo emplearon para argumentar la inviabilidad del estado social jaqueado por múltiples y contradictorias demandas que lo llevaban sistemáticamente a la crisis fiscal. Hubo también por entonces un uso de izquierda del término: sus raíces habían de ser buscadas en que mientras por un lado el Estado depende de los recursos generados por la acumulación privada del capital, por otro lado su legitimidad está sostenida en su capacidad de asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las amplias masas de su población. Cuando se agota el ciclo expansivo del keynesianismo de posguerra estalla lo que esa corriente dio en llamar la “crisis de la racionalidad capitalista”.
Entre nosotros, ya desde la recuperación de la democracia, la ingobernabilidad ha adoptado un significado más simple. Ha devenido el giro terminológico que señala la inminencia de una ruptura del orden institucional. En general, se habla de “peligros” o “amenazas” de ingobernabilidad. Pero en los últimos días se dice que estamos lisa y llanamente en medio de la ingobernabilidad. Aparece muy obvio que ninguna sociedad puede aceptar tal condición como permanente; de modo que el diagnóstico ya está sugiriendo la urgencia de una solución a tal estado de cosas. Carlos Pagni, en La Nación del miércoles último, anota su nombre en la lista de quienes definen de ese modo la situación. Y llama la atención sobre el hecho de que ésta es una ingobernabilidad “técnica”, lo que en sus términos significa que, a diferencia de otros momentos equivalentes, el país no está recorrido por protestas sociales ni envuelto en la violencia. Parece ser que ése es el condimento que le hace falta al impaciente coro mediático-político para poner en escena el acto último de la de-sestabilización política. Por ahora, lo que existe es un bloqueo mutuo de poderes que, en caso de mantenerse y profundizarse, llevaría a una profunda crisis política.
El lugar común argumentativo de la avalancha opositora mediática es que el Gobierno no reconoce el resultado electoral de junio último y quiere gobernar sin el Congreso. Ahora bien, cuando seguimos con un poco más de atención la escena advertimos que la alternativa que parece proponerse es, simplemente, que sea el Congreso el que gobierne. Veamos. Con solamente un voto más que la mitad del Senado, el “arco opositor” (formulación que encubre la inexistencia de un partido o bloque opositor mayoritario) se apoderó esta semana de la presidencia y la mayoría de todas las comisiones parlamentarias; en algunas de esas comisiones la nueva composición es de quince senadores de oposición y nueve del oficialismo (que, dicho sea de paso es ampliamente la primera minoría del cuerpo). La  ocupación, sin antecedentes en ningún período anterior, aparece fundada en una respuesta a la decisión de la Presidenta de puentear al Congreso en el tema del uso de reservas para el pago de deuda. Pero, en realidad, la única novedad de las decisiones del miércoles la constituyen las concesiones hechas a Carlos Menem en pago por su concurrencia que obligaron a acentuar la desproporción en las comisiones; el resto ya estaba decidido y publicado mucho antes del discurso presidencial del lunes.

El Gobierno, por su parte,  no tiene plan “B”. Sería bueno que alguna de sus figuras públicas explicara por qué se abandonó la idea de abrir paso al uso de reservas por medio de una ley, utilizando el proyecto del senador Carlos Verna. Y la verdad es que, en este punto, no sirven para nada los argumentos legales a favor o en contra del uso de decretos de necesidad y urgencia. Es muy tentador el argumento de cuántos fueron los DNU sancionados en otros períodos y del silencio mediático-político que acompañó esas prácticas. Pero eso sirve para arengar voluntades ya predispuestas. No dice nada sobre lo principal desde el punto de vista político que es la decisión de dar o no dar un debate político que revele públicamente la naturaleza de lo que se está discutiendo. Que sitúe a cada uno en el lugar que está dispuesto a ocupar. Y, no en último lugar de importancia, que gane aliados aunque más no fuere entre quienes, aun disintiendo,  no están dispuestos a participar en la aventura desestabilizadora.
Con el camino adoptado, el Gobierno se decidió, en la práctica, a jugar el juego que le proponen los más encarnizados opositores y sus más encarnizados consejeros mediáticos. Estamos en el terreno de los “duros”, de los “halcones”. Eso no es malo en sí mismo. Más aun, tiene la ventaja de que sale a relucir el subsuelo del conflicto. Aparece más claro que lo que está en juego es el poder y no la interpretación de tal o cual inciso legal. Desde ese punto de vista, las invocaciones legalistas de algunos actores mediáticos, públicamente asociados en nuestra historia a la justificación de situaciones atroces, aparecen cristalinamente como lo que son: recursos encubridores de la estrategia central que es la de derrotar y escarmentar a quienes osaron cuestionar sus intereses y su lugar simbólico en la sociedad argentina.
No es, pues, desde el legalismo desde donde conviene discutir el camino emprendido sino desde la política. Y lo que resulta muy dudoso es que el camino elegido sea el más adecuado para el Gobierno. Una vez más estamos ante la obsesión de pensar la política como un campo donde cada actor ocupa su lugar predeterminado; no se cuenta con más fuerzas que las incondicionalmente propias y no vale la pena el intento de sumar o recuperar otras. Ahora bien, un proceso de cambios puede poner en tensión el sistema institucional. Más todavía, si no lo tensa, es muy problemático su carácter transformador. El problema es cómo se construye un bloque político que sostenga la acción. Una cosa es revolucionar el sistema institucional, como hizo Evo Morales en Bolivia, manteniendo e incrementando el apoyo popular, y otra es la pretensión de hacerlo en el contexto del debilitamiento y hacerlo de tal modo que permita un debilitamiento mayor aún.

Parece que desde el Gobierno se juegan todas las cartas a una recuperación del apoyo social, sobre la base del mejoramiento de las variables económicas asociadas al consumo popular. Esto es legítimo. El griterío contra el “gasto público” y la “demagogia electoral” tiene, como siempre, un tufillo elitista. Huele a ajuste, descuentos de sueldos a jubilados y estatales. Huele a la receta que se aplica violentamente en Grecia, según nos lo muestran las imágenes televisivas de estos días. Instalar cloacas, habilitar agua corriente y construir escuelas públicas solamente puede ser considerado irresponsabilidad fiscal por los que no sufren carencias. Justamente, es para hacer políticamente viable una política de privilegio del consumo interno y la producción que haría falta una reflexión diferente. No hay un país real y un país virtual. Hay, eso sí, una sistemática política de las empresas mediáticas concentradas, orientada a debilitar al Gobierno, no solamente por lo que el Gobierno es sino como modo de descalificar hacia el futuro todo cuestionamiento a los “pilares” económicos y culturales del país. Esa estrategia no es la del invento ni está hecha solamente de mentiras. Pensarlo así sería creer que quienes les creen están todos alienados. De lo que se trata es de la agitación de prejuicios, el estímulo del miedo, la desmoralización y la histeria que, para ser eficaz tiene que dar cuenta, a su manera, de la realidad.
Lo que está en disputa es, como siempre en política, la interpretación. Se discute cuál es el marco en el cual deben insertarse los acontecimientos. Y es el resultado de esa lucha (lucha por la hegemonía, diría Gramsci), el que termina abriendo o cerrando el paso a los proyectos políticos. Todas las jugadas, todas las maniobras, todas las picardías tienen ese telón de fondo.
Una vez más, la gobernabilidad. El gran tema es cómo defender la gobernabilidad sin ceder el poder a la derecha. Está claro que para eso hacen falta otros aliados, la construcción de otra relación de fuerzas. Y para eso hay que contar con alguna fórmula mejor que la actual. De otra manera, se termina confluyendo paradójicamente con la oposición de derecha en un enfoque judicialista de la política. Tendremos que esperar que sea el Poder Judicial el que vaya resolviendo caso por caso las querellas entre el Gobierno y el Congreso. Está claro que nada bueno puede esperarse en ese escenario para un proceso de transformaciones.