En medio de una lucha descarnada por el poder, se va perfilando hacia 2011 un nuevo sistema de partidos políticos. Tal sistema no tendrá futuro si no aporta al establecimiento de la centralidad política y, al mismo tiempo, a la relación dinámica entre los poderes del Estado.
El actual modelo nacionalista neodesarrollista kirchnerista progresa en la dirección de consolidarse y profundizarse. Esta realidad socioeconómica condicionará al nuevo sistema de partidos. Las dificultades de la “oposición” para presentar un frente unido ante la exitosa política económico-social del Gobierno pueden derivar en su derrota.
Un sistema de partidos implica la organización autónoma de ellos frente a los intereses rentísticos-financieros. La oposición, cuya ala derecha representa a estos sectores, ejerce el doble discurso, lo cual puede ser tácticamente útil, pero a riesgo de no entender lo principal: desde 2003, el país experimenta la fundación de un nuevo modo de producción cuyo vector principal reside en la instalación de un sistema económico-social que garantice la industrialización de una economía de mercado agroindustrial sustentable. Éste es el “modelo” kirchnerista, basado en la producción, el empleo y el mercado interno.
Si aspiramos realmente a defender la democracia, el nuevo modo de producción debe sustentarse en una relación armónica entre la economía y la política. Esto exige al Congreso Nacional funcionar a través de negociaciones. Grandes coaliciones políticas deberían garantizar el funcionamiento de una relación positiva entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, construir grandes coaliciones partidarias no es sencillo. No tanto por el hecho de que, desde 2009, la política se desarrolla dentro de una especie de “guerra de posiciones” entre el Legislativo y el Ejecutivo, sino por el hecho de que el estado de los partidos políticos es de fragmentación.
En la Argentina existen 686 partidos políticos, entre nacionales y provinciales. Esta enorme cifra es producto, por un lado, de las dificultades de los grandes partidos nacionales para funcionar como centralizadores de la acción política en un país federal y, por el otro, del constante fenómeno de “territorialización” de la política, a través de partidos provinciales clientelares. Semejante cantidad de partidos -la mayoría distrital- da cuenta de la transformación del federalismo en un ámbito de supervivencia de caudillismos y de la apropiación de la política por intereses prebendarios.
La disgregación partidaria llega al Congreso Nacional, donde existen 34 bloques políticos en la Cámara de Diputados, y 23 en la de Senadores. El viejo debate entre “presidencialismo” y “parlamentarismo” pierde importancia, frente a la existencia de fuertes intereses provinciales decididos a priorizar el rol cuasi feudal de muchos gobernadores.
La dispersión política se fortalece por el hecho de que la tendencia a separar elecciones comenzó a volverse intensa en 1999, cuando varios gobernadores peronistas decidieron “desengancharse” de la candidatura de Eduardo Duhalde. En 2011, pueden ser once los distritos que adelanten sus elecciones, aunque la mayoría de los electores votará, en octubre, el mismo día (dado que lo hará en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 38 por ciento del padrón electoral nacional).
En 2011 se elegirán, en todo el país, 634 diputados y 106 senadores. 16 provincias tienen un sistema unicameral, y sólo ocho son bicamerales. Para ilustrar más la “territorialización” asincrónica, en once las provincias, el gobernador actual controla personalmente más de dos tercios de las bancas. Las provincias en las que se votará en octubre son sólo Buenos Aires, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Misiones. También varía la posibilidad de reelección. En 2011, sólo dos provincias no eligen gobernador (Corrientes y Santiago del Estero), y ocho de los gobernadores actuales no están habilitados para competir, pero el resto (doce) se prepara para ser reelecto. Esto indica un alto grado de autopreservación política.
Por último, en trece provincias renuevan los cargos electivos por mitades. La cantidad de representantes por habitante es dispar. En casi todas las provincias se da preferencia a las zonas rurales, en detrimento de las urbanas. En síntesis, como afirma Marcelo Leiras (“La estructura del federalismo argentino”, El Estadista, 13, 2010), la Constitución Nacional es la que habilita la organización de sistemas políticos heterogéneos.

RETROCESO
Sin embargo, la variedad de situaciones político-electorales que presentan las agendas provinciales no debería ser vista como un escollo, sino como una oportunidad. Es cierto que la nueva Ley Electoral luce como inviable, porque muchas elecciones distritales se realizarán antes de ponerse en marcha el calendario de elecciones internas abiertas y simultáneas. Pero al mismo tiempo, esos adelantos pueden facilitar la constitución de coaliciones distritales que vayan configurando aspectos del nuevo sistema político-partidario nacional. Podrían también iluminar las causas profundas que impiden a la llamada “oposición” constituirse como un frente unido antikirchnerista.
El peronismo kirchnerista es la primera fuerza político-electoral nacional. Sus herramientas son el Frente Para la Victoria y el Partido Justicialista. Ambas son fuerzas políticas nacionales. También deberían ser convocados por el FPV-PJ, los movimientos sociales e instituciones representativas de las clases medias productivas y del empresariado. Pero, para que todo el sistema de coaliciones se despliegue se requiere que el peronismo-kirchnerismo tome también la iniciativa en el campo político-partidario, como ha venido ocurriendo desde 2003.
La mayoría de los votantes, compuesta por kirchneristas y no kirchneristas, pero inteligentes, sabe que la derrota del Gobierno puede dar inicio a un retroceso no deseado a la etapa menemista. El sesenta por ciento del electorado no desea tal tipo de regresión y es partidario de profundizar la democracia política en el país. El doble discurso y las divisiones internas dificultan el accionar de las fuerzas opositoras. Las elecciones de 2011 pueden servir no sólo para revalidar al peronismo-kirchnerismo, sino para acelerar la concreción de una nueva organización política social representativa de los grandes intereses populares. Al mismo tiempo, estas elecciones deben servir para fortalecer el principio democrático de la alternancia política en el poder.

* Sociólogo