Los diarios involucrados en la denuncia presidencial sobre el caso Papel Prensa intentan construir un tema de discusión política alrededor del tema del “uso político”, por parte del gobierno, del tema de los derechos humanos.
El asunto tiene muchas aristas. Una de ellas es el propio estatus de los derechos humanos: ¿son un menú de atribuciones de los individuos que el gobierno de turno debe proveer, o una materia de conflicto que se resuelve en la arena política? Otra es el tema del significado de la expresión “uso político” y su lugar en la interpretación de los acontecimientos. ¿Qué significa que el Gobierno “use” los derechos humanos? ¿Podría decirse, en el mismo sentido que Perón usó las reivindicaciones sociales o Alfonsín la bandera del Estado de Derecho? ¿No es ese “uso” de puntos de la agenda social uno de los atributos centrales de una política que organiza las diferencias y construye, a través de ellas, identidades colectivas?
Los objetores éticos de la coherencia del Gobierno en la materia suelen ser acérrimos racionalistas y cuestionar las pasiones políticas como artificios populistas que nublan una visión correcta de los problemas. Pongamos las cosas en esos términos racionalistas. Discutamos sobre qué estamos discutiendo.
Parece que un buen método racional para organizar la discusión podría ser elaborar un orden para las preguntas que están planteadas. Si ordenamos bien las cuestiones podremos entendernos y hacernos entender. Si entreveramos las barajas contribuimos a la oscuridad; entonces es inevitable que las “pasiones” obturen el debate. Frente a las denuncias públicas hechas por la Presidenta con respecto a Papel Prensa, propongo el siguiente orden:
Primero: ¿es verdad lo que dijo Cristina Kirchner? Parece elemental que esta pregunta sea prioritaria. Si es mentira, no vale la pena discutir sobre los antecedentes políticos de los Kirchner, ni sobre su autoridad político-moral para abordar la cuestión de los derechos humanos. Solamente si es verdad se abren algunas otras preguntas.
Segundo: ¿es importante para la sociedad argentina que la cuestión se esclarezca a fondo, se sancione eventualmente a los culpables y se reviertan las consecuencias prácticas del ilícito? En este punto, la discusión se politiza. Ya no se trata solamente de esclarecer verdades de hecho; hace falta inscribirlas en el contexto de una agenda actual y discutir su sentido político concreto. Puede haber quien diga que no es oportuna la discusión, pero es importante que eso se haga no antes, sino después de la comprobación de los hechos.
Tercero: en el caso en que se reconozca la importancia para la vida democrática, y particularmente para la libertad de expresión, de conocer la verdad sobre cómo se formó un monopolio de producción y comercialización del papel procede la pregunta ¿tiene el gobierno actual la autoridad político-moral para encabezar un proceso de revisión y reparación de los resultados de la ilícita operación? Esta pregunta, claro está, tiene que responderse a la vista de que el actual Gobierno lo es en legítima expresión de la voluntad ciudadana ejercida de acuerdo a las leyes. En ese sentido, la autoridad político-moral puede discutirse “a futuro”. Es decir, se dirime si conviene que este elenco gobernante siga en su puesto después de la elección de 2011.
No es así como se pretende plantear el debate. ¿Por qué se denuncia ahora y no antes?, ¿es la denuncia parte del operativo de gobierno contra la “prensa independiente”?, ¿qué hicieron Néstor y Cristina Kirchner en otras épocas por los derechos humanos? ¿Podemos discutir un informe que preparó tal o cual funcionario que tiene tal o cual antecedente? Daría la impresión de que quienes proponen tal “método” no tienen mucho interés en una auténtica discusión política. Prefieren el preconcepto y el alboroto a la deliberación racional.

Efectivamente, el Gobierno “usa” el tema de los derechos humanos. Lo inserta en una narrativa específica del drama argentino, que enlaza la cuestión de nuestra dependencia y vulnerabilidad como nación  y la injusticia social con un proyecto político que, más de una vez, necesitó de la coacción violenta y llegó a construir una maquinaria criminal para sostenerse en el poder. Existen fraseos del tema más maniqueos y esquemáticos y otros más complejos y matizados que procuran dar cuenta de los cambios de época y, consecuentemente, de lenguaje. Pero el relato existe y lo comparte mucha gente. La cuestión de los derechos humanos, tal como se plantea en los últimos siete años, está inscripta en una visión neodesarrollista, industrialista y socialmente redistributiva de la política; la idea de verdad y justicia sería, así, en términos ideales, un componente necesario de la construcción de un nuevo proyecto de país.
Otra vez, aquí es necesario dividir las aguas del debate; establecer si esa conexión entre verdad y reparación histórica es realmente pertinente y, desde allí, discernir si se expresa, y hasta dónde se expresa en la política real del Gobierno. Porque en muchos discursos se aprecia un camino inverso: desautorizar políticamente al kirchnerismo y, desde allí, devaluar la política de derechos humanos y romper su relación orgánica con el tipo de país que queremos construir.
En la retórica de los impugnadores, aparece con frecuencia, además, la idea de que el kirchnerismo arremete contra los leones cuando ya están enjaulados. La ingeniosa chicana revela, por lo menos, la incomprensión histórica de quienes la esgrimen. Parte del hecho de que la dictadura militar es un conjunto de oficiales de las tres armas, delirantes y asesinos ayer y hoy convertidos en ancianos inofensivos. Si esos son los “leones” la chicana está bien. Pero nada como el caso Papel Prensa para apreciar que la dictadura no fue solamente eso. Que fue un gran entramado de reestructuración económica y política del país. Que fue un gran operativo cívico-militar del que las tres fuerzas fueron el brazo armado pero no su sostén único y ni siquiera principal.

Esos otros “leones” no están en la  jaula. Todo lo contrario, como dice la verbalmente incontinente líder de la derecha argentina Elisa Carrió, “son” la Argentina. Atacarlos es atacar el corazón de una representación simbólica, hasta ayer incontestada, del país. La misma representación que proclamó Hugo Biolcati, desde el palco de la rural, rodeado del “arco opositor”: los gobiernos pasan, la tierra queda.
¿Puede un sector de la oposición distinguir el juicio sobre un grupo político y sobre un gobierno, de la interpretación de un conflicto que tiene que ver con la fuerza del Estado argentino para divorciarse de intereses particularistas y ejercer sus funciones en plenitud? Para eso tendría que liberarse de otro lugar común propio de la vulgaridad antipolítica: el que dice que el Gobierno hace todo para tener más poder. Justamente la moral del político democrático consiste en la lucha por ejercer el poder y no convertirse en gerente de intereses particulares.
Tal vez, el famoso pacto, el fatigado “Moncloa argentino” debería tener un primer párrafo en el que los actores políticos se comprometan a que, una vez elegidos, ejercerán realmente el poder.